La causa de la tensión en el Mediterráneo oriental es Grecia y la administración grecochipriota (AGC), con sus acciones y reivindicaciones maximalistas en contravención del derecho internacional. El apoyo incondicional dado por la UE, con el pretexto de la solidaridad de la Unión, a este dúo, que trata de ignorar los derechos e intereses legítimos de nuestro país y de los turcochipriotas en el Mediterráneo oriental, exacerba aún más la tensión.

No corresponde a la UE criticar las actividades de hidrocarburos de Turquía dentro de su propia plataforma continental y pedir su cese. Porque, como ha confirmado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la UE no tiene jurisdicción en este asunto. Este llamamiento es contrario al propio acervo de la UE y al derecho internacional.

Invitamos a la UE y a los Estados miembros de la UE a que no apoyen las afirmaciones maximalistas de Grecia en contravención del derecho internacional, con el pretexto de la solidaridad de la Unión.

Grecia no es un Estado archipelágico. Va en contra del derecho y la jurisprudencia internacionales que las islas griegas, especialmente Kastellorizo, que están más cerca de la península de Anatolia, tengan una plataforma continental.

El uso de un lenguaje de sanciones por parte de la Unión Europea, mientras que Turquía siempre subraya el diálogo y la diplomacia, perjudicará la solución de los problemas actuales. Ese lenguaje no hará sino reforzar la determinación de Turquía. Turquía, a pesar de todas las alianzas ilícitas establecidas contra ella, seguirá protegiendo resueltamente sus derechos e intereses y los de los turcochipriotas.

Si se desea realmente resolver esta cuestión, Grecia y la administración grecochipriota deberían reconocer que la situación actual ya no es sostenible y entender que no deben actuar basándose en los cálculos erróneos de quienes los respaldan. En consecuencia, la UE debería actuar con imparcialidad y ser un mediador honesto, si desea una solución en el Mediterráneo oriental.