Las opiniones emitidas por el Alto Representante de la UE, Joseph Borrell, sobre la ciudad vallada de Maraş y la solución de la cuestión de Chipre en su declaración del 15 de noviembre de 2020, han revelado una vez más lo desconectada que está la UE de las realidades de la isla y han puesto de manifiesto el hecho de que ignora la libre voluntad del pueblo de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) reflejada en las urnas.

Las partes en la cuestión de Chipre son obvias. Un asentamiento justo, duradero y sostenible solo será posible si se base en la voluntad de los dos pueblos copropietarios de la Isla.

Acostumbrada a ignorar la existencia y los derechos de los turcochipriotas, la UE se atreve ahora a descartar la voluntad del pueblo turcochipriota de llegar a un acuerdo.

No debe esperarse que la UE, que no se refiere al pueblo turcochipriota en ninguna de sus declaraciones, que premió con la membresía a la administración grecochipriota quien rechazó el plan de arreglo de la Naciones Unidas en 2004 y que no cumplió ninguna de sus promesas a los turcochipriotas, pueda contribuir al arreglo.

Por otra parte, la decisión de la RTCN, totalmente apoyada por Turquía, como declaró el Presidente Erdoğan, tiene como objetivo eliminar los agravios actuales, no crear otros nuevos.

Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no prevalecen sobre los derechos de propiedad. Asimismo, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no están por encima de la voluntad del pueblo. Durante las últimas elecciones, el pueblo turcochipriota expresó claramente su voluntad de negociar el modelo de solución de dos Estados. Todos, incluida la UE, deberían respetar esta voluntad.

El modelo de acuerdo federal bicomunal y bizonal se ha intentado durante más de cincuenta años en Chipre y no ha dado ningún resultado porque la parte grecochipriota no ve al pueblo turcochipriota como un socio igualitario y no quiere comparte el poder y la riqueza.

Si la UE desea contribuir a la solución de la cuestión de Chipre, ante todo, debe reconocer la existencia y la voluntad del pueblo turcochipriota y cumplir los compromisos contraídos en 2004.